Por Agustín Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx
Tampico, Tam.- Una obra autorizada durante el gobierno municipal anterior y ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sur de Tamaulipas ha escalado a un conflicto legal que coloca al gobierno de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya en el centro de la polémica. La instalación de una subestación eléctrica y una línea de transmisión sobre banquetas y vialidades en la colonia Carmen Romano ha generado reclamos ciudadanos, resoluciones judiciales y señalamientos de omisión institucional.
El proyecto —impulsado y autorizado durante la administración de Jesús Nader Nasrallah— pertenece al ámbito federal, bajo la tutela directa de la CFE. No obstante, la reciente resolución de la jueza federal Alejandra Ugalde Pérez, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, señala que el Ayuntamiento de Tampico sí tiene la obligación legal de intervenir, supervisar y, en su caso, autorizar este tipo de obras, especialmente cuando afectan bienes de uso común como calles y banquetas.
La alcaldesa Villarreal Anaya reconoció, en entrevista, que el municipio ha actuado conforme al marco legal en cada etapa de la controversia: “Estamos respondiendo a lo que la juez del Décimo Tercer Distrito nos está requiriendo. Hemos cumplido en tiempo y forma y seguiremos actuando de esa manera”, afirmó.
FALLAS DE ORIGEN
La obra en cuestión fue notificada por CFE en tres ocasiones entre 2021 y 2024, sin presentar licencia de construcción, únicamente mediante avisos de inicio de obra y modificaciones de trazo. A pesar de la falta de permisos específicos, la administración municipal anterior no exigió documentación adicional ni evidenció irregularidades.
De acuerdo con declaraciones del actual secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo, la ley energética —en particular los artículos 7, 39 y 41 de la Ley de la Industria Eléctrica— fue utilizada como argumento para deslindar al municipio de responsabilidades, dado que se trata de infraestructura federal. Sin embargo, la jueza Ugalde Pérez sostuvo una interpretación jurídica distinta, determinando que el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, particularmente su artículo 59, sí obliga a la CFE a solicitar autorización municipal cuando las obras interfieren con bienes de uso común como banquetas o vialidades.
En el dictamen, la jueza fue categórica: “Cuando la ejecución de los trabajos [...] llegara a impedir en forma transitoria el uso público [...] el Transportista o Distribuidor solicitará la autorización de la autoridad correspondiente para la ejecución de las obras”.
SIETE POSTES EN CONFLICTO, UNA BÓVEDA Y EL PASO PEATONAL CANCELADO
La revisión técnica municipal —entregada fuera del plazo judicial— admite que 7 de los 11 postes colocados por la CFE interrumpen en un 90% el paso peatonal, además de presentar inclinaciones, falta de terminación y generar un potencial riesgo a la movilidad urbana. Asimismo, una bóveda de la empresa paraestatal fue construida sobre el pavimento, sin registro previo y en abierta violación a las normas locales de urbanismo.
A pesar de que el conflicto escaló a juicio de amparo, y que los vecinos de las colonias Carmen Romano y Jardines del Champayán obtuvieron una suspensión definitiva de la obra, la CFE continuó sus trabajos sin acatar dicha medida judicial, situación que fue consignada en los informes oficiales de inspección elaborados por las direcciones de Ecología y Desarrollo Urbano del municipio.
“La empresa no mostró la licencia de construcción, ni en inspecciones ni en respuesta a los oficios que se le giraron”, confirmó Villarreal Anaya. A la fecha, la CFE, bajo la representación de su superintendente Ángel Ariel Pérez González, no ha entregado de forma oficial los planos ni el proyecto ejecutivo, lo que mantiene al municipio a ciegas ante la dimensión técnica de la obra.
PRECEDENTE JUDICIAL Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
La resolución judicial exige ahora que el Ayuntamiento, que encabeza Villarreal Anaya actúe proactivamente: exige el retiro o modificación de los postes que bloquean el paso, así como la entrega certificada de documentación que respalde la actuación institucional durante el sexenio anterior. En particular, la jueza ha ordenado al secretario de Obras Públicas entregar una copia certificada del oficio signado por el superintendente de CFE, fechado el 10 de noviembre de 2022, y dirigido a Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, entonces presidente municipal.
Este giro legal representa un punto de quiebre en la estrategia jurídica del gobierno local, que inicialmente se había limitado a actuar como mediador entre vecinos y la CFE. Ahora, el fallo deja claro que la omisión también genera responsabilidad administrativa, y que las decisiones heredadas de anteriores administraciones (Jesús “Chucho” Nader Nasrallah) pueden tener consecuencias reales, tanto para el territorio como para sus autoridades actuales.
“NO HEMOS DEJADO SOLO A LOS VECINOS”: VILLARREAL ANAYA
Ante los señalamientos de inacción, la alcaldesa Villarreal Anaya enfatizó que el municipio ha estado presente en cada etapa: “Estuve en la colonia Carmen Romano el sábado pasado. Los he recibido personalmente en dos ocasiones, y en otras dos más, el secretario de Obras Públicas. Hay instancias en las que no podemos actuar, pero en las que sí, hemos tomado cartas en el asunto”.
Por lo tanto, esta situación podría plantearse para los municipios de Tamaulipas y de México: ¿hasta dónde llega la soberanía federal y cuándo debe intervenir la autoridad local cuando se trata de obras públicas, de acuerdo al artículo 115 Constitucional sobre municipio libre?. No obstante, el fallo del juzgado decimotercero podría sentar precedente no solo en Tamaulipas, sino en todo el país, sobre la obligación de los gobiernos municipales de velar por la seguridad y accesibilidad de sus espacios públicos, aun cuando la obra provenga de una entidad federal.
Mientras tanto, en Tampico, los vecinos esperan una resolución tangible, y la administración de Villarreal Anaya camina sobre una delgada línea entre el cumplimiento judicial, la rendición de cuentas histórica y el desgaste político que arrastra decisiones tomadas mucho antes de su gestión.